El Decreto Ley 4633 de 2011, en tanto marco legal e institucional de la política pública de atención integral, protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales para los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos, y a sus integrantes individualmente considerados, es observado como uno de los instrumentos que, de implementarse, necesariamente redundaría en la salvaguarda de los derechos de los 102 Pueblos Indígenas que existen en Colombia, en una perspectiva de garantías de pervivencia física y cultural.
Este instrumento normativo, en el cual se cifraron grandes expectativas bajo el supuesto del otorgamiento de garantías reales en materia de protección y prevención, partiendo, claro está, del entendido de la magnitud de las afectaciones que históricamente han socavado los derechos en cabeza de los Pueblos Indígenas; fue expedida atendiendo el mandato legal contenido en el Artículo 205 de la Ley 1448 de 2011, dando lugar a un proceso de Consulta Previa sui generis a través del cual se recogen las prioridades de los Pueblos Indígenas en la materia, y las obligaciones de entidades del Estado al respecto.
Sin embargo, transcurridos dos años de la promulgación del D-L 4633/11, el balance en materia de implementación no es nada alentador. Al respecto, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la norma analizada, indica en documento presentado ante la Corte Constitucional, a través de un listado de 15 conclusiones, las falencias más relevantes identificadas en la puesta en marcha de los decretos étnicos.
Lea el informe completo del balance en el siguiente enlace:
Balance Decreto Ley de Víctimas a 2014 (Decreto Ley 4633 de 2011)
