Autoridades del Pueblo Wounaan del Chocó, en la frontera con Panamá, rechazan accionar de actores armados en su territorio ancestral

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La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC a través de la Consejería de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz, alertan a las entidades competentes por los hechos denunciados por las autoridades del Pueblo Wounaan, frente a la situación afrontada por las comunidades indígenas ubicadas en el río Cacarica, teniendo en cuenta los hechos que se describen a continuación:

Hechos:

  1. Desde hace dos meses aproximadamente, el Ejército Nacional viene adelantando patrullajes por el sector de Cristales y los alrededores de la comunidad de Jooin Phobuur Wounaan, prohibiendo a los indígenas transitar, pescar, cazar y trabajar libremente, justificando que están persiguiendo a la guerrilla de las FARC en la frontera.
  2. Resultado de estas acciones bélicas, Benkuun Tarcilo Carpio, médico tradicional Wounaan de la comunidad del río Cacarica, fue amenazado de muerte y agredido por el Ejército Nacional, cuando el médico tradicional estaba cazando y buscando la medicina curativa para los pacientes que tenía en tratamiento.
  3. Pocos días después, fue violentado por miembros del Ejército Nacional el señor Antoliano Chamarra, indígena Wounaan de la comunidad del río Cacarica, que se encontraba en actividades de caza y recolección para el sustento de su familia.
  4. A estas acciones se suma la contaminación de las aguas del río Cacarica, por la actividad del Ejército en ésta zona, viéndose la población infantil Wounaan afectada por enfermedades como infecciones en la piel, dolor de cabeza, fiebre y vómitos.
  5. La comunidad del río Cacarica actualmente se encuentra confinada, sin tener acceso a buscar alimentos mediante las prácticas tradicionales de caza, pesca y recolección, este hecho es el resultado de la instalación del Batallón Militar de Alta Montaña en la línea fronteriza de Panamá y Colombia, que mantiene confinados alrededor de 200 indígenas Wounaan desde el pasado 10 de febrero de 2013.
  6. Las autoridades del Pueblo Wounaan pusieron en conocimiento de esta situación al señor Alcalde, al Personero Municipal, el secretario de salud del municipio de Río Sucio (Chocó) y la Defensoría del Pueblo de Urabá y la gobernación del Chocó, sin que actualmente se preste ninguna clase de ayuda humanitaria.
  7. Los líderes que interceden por el Pueblo Wounaan ante las instituciones competentes en defensa de los derechos colectivos de las comunidades del Pueblo Wounaan, han sido amenazados y declarados objetivo militar por las FARC-EP desde el tres de agosto del año pasado, debido al hecho en mención se acentúan los niveles de riesgo de las comunidades y sus líderes, quienes son instados a abandonar sus resguardos y el territorio por denunciar las vulneraciones.
  8. Por todo lo anterior, las autoridades del Pueblo Wounaan del Chocó, ubicados en la frontera con la república de Panamá, rechazan y condenan rotundamente las acciones militares del Ejército Nacional y de todo actor armado legal e ilegal en los territorios de las comunidades Wounaan, específicamente en el territorio ancestral y tradicional Wounaan del río Cacarica.

Solicitudes:

En observancia de la situación previamente descrita, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC insiste en la urgencia de materializar las acciones necesarias desde las entidades e instituciones competentes, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011, y en articulación con las autoridades y organizaciones indígenas para garantizar la seguridad de las comunidades del Pueblo Wounaan, quienes ven afectados sus derechos individuales y colectivos por la evidente ocupación de su territorio y las amenazas que se ciernen contra la vida e integridad personal de sus integrantes, generando profundas afectaciones colectivas e individuales. Por todo lo anterior, coadyuvamos las solicitudes de la organización Wondeko en el siguiente sentido:

  1. “Al Gobierno Nacional, a los organismos de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, como la Cruz Roja Internacional, ACNUR, Naciones Unidas, Ministerio de Salud y a todas las instituciones que velan por los derechos de los Pueblos Indígenas, que intercedan por un pueblo que está atropellado por  todos los actores armados.
  2. A la UNP, Ministerio del Interior, Presidencia de la República, a la Consejería Presidencial para los Pueblos Indígenas y a la oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, velar y dar garantía de seguridad a estos líderes del Pueblo Wounaan, que hasta ahora no la tienen”.

 
Por su parte, la Consejería de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz de la ONIC, solicita:

  1. Al SNARIV, para que en el marco de las competencias de cada entidad e institución que forman parte del mismo, direccione acciones urgentes tendientes a garantizar la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la libertad de circulación y a la prevención de las circunstancias que generan confinamiento y riesgo de desplazamientos forzados de las comunidades afectadas, en el marco de lo establecido en el Decreto Ley 4633 de 2011.
  2. A la UARIV, y las entidades territoriales competentes, para de manera concertada con las autoridades indígenas del Pueblo Wounaan, y en articulación con la organización Wondeko, se brinde la atención requerida a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta la gravedad de la situación afrontada por la comunidad a la fecha; gestión de la cual se solicita informar a ésta Consejería.
  3. Al Ministerio de Defensa, para que teniendo en cuenta los hechos relatados: a. Investigue la situación derivada de la presencia del Ejército Nacional en la zona señalada; b. Inicie las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar; c. Informe sobre la implementación de la Directiva 016 y demás estándares nacionales e internacionales en materia de DDHH y DIH en territorio Wounaan y; e. Promueva una reunión en la que con presencia de las entidades competentes del orden nacional y local, Ministerio Público, Wondeko y ésta Consejería, se discuta la situación y se logren acuerdos para dar solución a la misma.
  4. Al ICBF y al Ministerio de Salud, para que teniendo en cuenta los problemas de salud afrontados por la comunidad y la población infantil, atiendan de forma URGENTE y prioritaria al mencionado grupo poblacional, previa concertación con las autoridades indígenas en articulación con la organización  Wondeko.
  5. A la UNP, para que teniendo en cuenta los eventos de amenazas directas contra núcleos familiares de las comunidades afectadas, se otorguen las medidas de protección a las que haya lugar, previo estudio de riesgo efectuado en la zona.
  6. A la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personería Municipal de Ríosucio  para que direccione todos los esfuerzos necesarios para garantizar que las entidades cumplan con la debida diligencia, posibilitando la salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas Wounaan del río Cacarica.
  7. Al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, para que en observancia de su función misional verifique y advierta la situación denunciada, haciendo especial énfasis en las amenazas en que se encuentran los líderes, la población Wounaan, y en general, a la población que habita el territorio del río Cacarica.
  8. Al Programa Presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas de Colombia, para que dentro del resorte de sus funciones direccione todos los esfuerzos necesarios para que las entidades competentes en el presente caso, atiendan de forma integral a las comunidades indígenas afectadas por los hechos descritos.
  9. A las agencias internacionales y demás organizaciones de la sociedad civil solidarias con las problemáticas y vulneraciones de derechos afrontadas por los Pueblos Indígenas, para que direccionen, desde sus funciones misionales, los esfuerzos necesarios para atender, visibilizar, denunciar y coadyuvar la situación puesta de presente y exijan al Estado Colombiano las acciones necesarias para garantizar y proteger sus derechos.

 

CONSEJERÍA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS, DIH Y PAZ

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC

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